Por Andrés Krakenberger, en representación de la asociación proderechos humanos ARGITUZ
Viernes, 4 de Mayo de 2012
“TODOS
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos". Así empieza
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el conjunto de
principios internacionales que genera derechos para toda la ciudadanía y
debería garantizar el respeto de todos ellos; no solo de los derechos
civiles y políticos, como a veces
se cree, sino también de los económicos, culturales y sociales.
Qué
duda cabe de que estamos esperanzados en lo que atañe a los derechos a
la vida y a la integridad física y psíquica, porque indudablemente la
situación
ha mejorado con el cese definitivo de la actividad armada declarado por
ETA, el 20 de octubre de 2011, tras la Conferencia de Aiete. Pero
resulta terriblemente preocupante la persistencia de denuncias de
torturas y malos tratos, dentro y fuera del País Vasco,
y parece que el Gobierno no se siente en absoluto interpelado, como si
no fuera con él. Vemos alarmados también cómo la violencia de género no
parece disminuir, sino que muestra síntomas de ir en aumento, ante la
aparente incapacidad de las instituciones y
la sociedad civil para lograr su erradicación.
Pero,
además de derechos tan conocidos como estos, cabe recordar que el
sistema fundamental de los Derechos Humanos se compone de una trilogía:
la Declaración Universal de 1948 y los dos Pactos
Internacionales de 1966, el de Derechos Civiles y Políticos, y el de
Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Todos ellos firmados
y ratificados por el Estado español y plenamente vigentes. Repasemos,
pues, otros derechos más olvidados.
Los
derechos de reunión y de asociación pacíficas, junto con el derecho a
la libertad de opinión y de expresión, se ven gravemente amenazados. La
anunciada
reforma del Código Penal contempla, entre otras cosas, criminalizar la
protesta civil calificando la resistencia pasiva como "delito de
integración en organización criminal", que podrá ser penada hasta con 4
años de cárcel y prisión provisional. Un atentado
clarísimo a los pactos internacionales, que reconocen ampliamente
dichos derechos básicos. Tampoco presagia nada bueno que esta reforma
busque penalizar como "atentado a la autoridad" el "encadenarse" por los
brazos durante una manifestación. Si además los
recortes económicos o legales, por ejemplo, llegasen a limitar de facto
el derecho al acceso a los tribunales cuando se violan nuestros
derechos fundamentales, estaríamos en una situación muy cercana al
autoritarismo puro y duro.
Todas
las personas, también, tenemos derecho a un nivel de vida adecuado que
nos asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el
vestido,
la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
La Declaración afirma que mediante el esfuerzo nacional y la cooperación
internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada
Estado, se deben satisfacer los derechos
económicos, sociales y culturales, indispensables a la dignidad y al
libre desarrollo de la persona.
En
cambio nos dicen que hay crisis y que hay que apretarse el cinturón. Y
además nos aseguran que los recortes en sanidad, educación y servicios
sociales,
de unos 10.000 millones, no supondrán una merma de estos derechos. ¿Es
creíble? ¿Cómo se van a mantener estos servicios de manera adecuada, con
un acceso para toda la ciudadanía (incluidos los emigrantes, el gran chivo
expiatorio de
esta crisis propiciada por la especulación financiera) si se recorta tan drásticamente el presupuesto?
Olvidan que
la propia Declaración establece que no cabe realizar actos
tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades
proclamados en dicha Declaración, por lo que recurrir
a la escasez de recursos para eliminar el derecho a una sanidad y una
educación de calidad es una clara violación de los derechos humanos.
Máxime cuando este argumento no se aplica con la misma contundencia a la
hora de recortar gastos en Defensa o en la Casa
Real.
Queremos
recordar que las responsabilidades del Estado para garantizar estos
derechos se miden en base a tres parámetros: la disponibilidad de los
recursos
públicos (que existan centros de salud, viviendas públicas, escuelas);
el acceso a los mismos (que cualquier persona pueda acceder a ellas,
independientemente de que viva en una u otra comunidad o localidad), y
la calidad. Ningún sistema educativo ha mejorado
despidiendo al profesorado y poniendo más alumnos y alumnas en las
clases, ni ningún sistema sanitario funciona mejor cerrando quirófanos
y alargando las listas de espera.
Pero
parece que el Gobierno olvida que todo pacto internacional firmado y
ratificado por el Estado tiene un rango legal superior a cualquier ley,
excepto
la Constitución. Y en lugar de defender esos derechos y
cumplir con sus obligaciones hacia las ciudadanas y ciudadanos, solo le
preocupan los mercados y los especuladores financieros
y se limita a rendir cuentas ante ellos.
Parafraseando al Pastor Martin Niemöller, en su famoso sermón pronunciado en 1946 en Kaiserslautern: primero
vinieron a por el derecho a la libertad de
manifestación, guardé silencio porque no me suelo manifestar. Luego
vinieron a por el derecho a la libre sindicación, pero tampoco me
importó, no soy sindicalista. Ahora vienen a por el derecho a la sanidad
y a la educación, pero no voy a protestar: ya no
voy a la escuela y estoy bien de salud. Cuando vinieron a por mí, ya
era tarde.
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